Ampliación del plazo para exportadores del Servicio de Declaración de Aduanas (CDS)
20/02/2023 | Reino Unido
Los cambios en el sector derivados del Brexit y de la llegada del coche eléctrico están convulsionando un sector en el que las empresas de otros países pueden encontrar nuevas oportunidades
El Brexit ha tenido un impacto a diferentes niveles desde la perspectiva de la economía británica, originando transformaciones muy notables que han afectado a la cadena de suministro y a la obtención de materias primas, productos intermedios, componentes e insumos diversos procedentes del territorio de la UE. Dicho impacto se ha hecho más evidente en aquellos ámbitos donde la dependencia de las fuentes de aprovisionamiento es más intensa, así como en aquellos sectores tecnológicos muy sensibles a las disfunciones que se puedan producir a lo largo de la cadena, como podrían ser los retrasos en las entregas.
El sector de la fabricación de coches es un buen ejemplo de campo de actividad que está sufriendo las consecuencias adversas del abandono del Mercado Único por parte del Reino Unido. Alguno de los mayores fabricantes de coches como Stellantis (casa matriz de las firmas de automóviles Citroen, Fiat, Peugeot y Vauxhall) ha alzado su voz reclamando una renegociación del Tratado Comercial celebrado con la UE, dada la amenaza que supone para su actividad y buen curso de sus negocios la situación a la que se han visto abocados tras la salida del club de países que constituye la Unión Europea.
Esta misma percepción ha sido secundada por otros fabricantes de coches, quienes han hecho saber al gobierno británico que necesita renegociar el acuerdo del Brexit, ya que en caso contrario la producción de vehículos eléctricos en Reino Unido podría verse amenazada. La industria de la automoción tras la irrupción de la pandemia originada por el coronavirus vio como su actividad se desplomaba hasta niveles nunca vistos hasta la fecha y a la altura del año 2022 la cifra total de coches fabricados en el Reino Unido era todavía muy inferior a la registrada en los años previos al 2020. Así, por ejemplo, en 2022 se fabricaron en el Reino Unido un total de 775.000 vehículos, mientras que en el 2019 dicha cifra se elevaba hasta superar las 1.300.000 unidades.
Es notorio que el sector a que nos referimos tiene una relevancia muy significada a efectos de la economía británica considerada globalmente. Así, aquel contribuye con una cifra de negocio o volumen de facturación agregado que excede los 67.000 millones de libras y emplea a más de 182.000 personas de manera directa y es responsable de más de 780.000 empleos indirectos. Asimismo, invierte en I+D unos 3.000 millones de libras al año y está muy vinculado con el sector exterior ya que, no en vano, las exportaciones de esta categoría de productos representan el 10% de las exportaciones totales nacionales. Ocho de cada diez coches fabricados en el Reino Unido son exportados a 130 países de todo el mundo. El Reino Unido acoge a más de 25 empresas fabricantes de vehículos y a más de 2.500 proveedores de componentes. Al margen de la fabricación de coches, también existe una importante producción de vehículos comerciales (101.600 en 2022) y de motores (1,5 millones en el año 2022).
Los cambios en las políticas gubernamentales para combatir el cambio climático y el deterioro del medio ambiente pasan por la sustitución progresiva del uso de fuentes de energía de origen fósil por aquellas otras más sostenibles y que contribuyen a preservar el medio natural. La industria de la automoción no es ajena a estas medidas, de modo que a partir de 2030 ya no se podrán vender vehículos diésel o a gasolina nuevos y en 2035 entrará en vigor la prohibición de la venta de vehículos híbridos de nueva fabricación. En cualquier caso, se cree que no será hasta 2040 cuando desaparecerán casi por completo y el parque automovilístico estará integrado mayoritariamente por vehículos eléctricos. En opinión de alguno de los actores clave en la industria, la normativa sobre el origen de las baterías supone un importante reto para aquélla, ya que puede ralentizar la transición desde una tipología de vehículos a la otra. La conocida como normativa de origen o “rules of origin” en el momento presente constituye una de las principales amenazas que ha de sortear la industria de automoción británica en lo que se refiere a la fabricación de vehículos eléctricos. Se trata de una tecnología emergente muy dependiente de los proveedores de componentes que, desafortunadamente, configuran una red muy dispersa. Básicamente, se ven forzados a menudo a comprar allí donde pueden para evitar interrupciones indeseadas en su producción.
Durante la negociación del Tratado de Cooperación Comercial con la UE los negociadores eran plenamente conscientes de esta realidad, de modo que establecieron un periodo transitorio por medio del cual esperaban poder proporcionar un margen de tiempo suficiente a los fabricantes para construir redes de suministro que les garantizasen el acopio preciso. Así, hasta el 1 de enero de 2024 para poder beneficiarse del arancel cero y en virtud de la normativa de origen bastaba con que 40% de los componentes (en términos de valor) fuesen adquiridos localmente (en el Reino Unido o en la UE). Este porcentaje se elevará hasta el 45% hasta el 31 de diciembre de 2026 y a partir de entonces ya se situará en el 55%. Desde la industria se pide encarecidamente una prórroga porque consideran que el marco temporal fijado para la estipulada y acordada es insuficiente, poniendo en riesgo a la industria y al volumen de efectivos que ocupa. El incumplimiento de tal regulación acarrearía la imposición de un arancel del 10% sobre los vehículos terminados, circunstancia que perjudicaría gravemente su competitividad frente a sus rivales asiáticos.
En opinión de Andy Palmer, presidente de Inobat (fabricante de baterías eléctricas), y según declaraciones recogidas en el diario británico The Guardian, advertía en fechas recientes que 800.000 puestos de trabajo están en serio peligro, ya que de no poder cumplir los requisitos establecidos y siendo el Reino Unido incapaz de fabricar la cantidad de baterías que se requieren para satisfacer la demanda creciente de la industria, los fabricantes de coches eléctricos podrían tener que moverse a la Europa Continental. El gigante americano Ford, quien ha realizado recientemente una inversión por valor de 380 millones de libras en aras de ampliar su capacidad para la fabricación de motores eléctricos en el Reino Unido, cuenta con una importante planta de producción en la localidad de Halewood, Merseyside. Esta reconocida firma ha solicitado al gobierno británico de manera pública la necesidad de implementar un aplazamiento de tres años para la introducción del cambio de normativa, lo que les permitiría ganar tiempo tanto a la UE como al Reino Unido para incrementar su capacidad de fabricación de baterías eléctricas. Este planteamiento podría generar oportunidades comerciales para las empresas navarras que se especializan en la producción de tales componentes e incluso podría favorecer la deslocalización de parte de la producción a algún punto del territorio de la UE para poder beneficiarse así de las ventajas que conlleva la pertenencia al Mercado Único.
Tras años de declive originado por el concurso de circunstancias especialmente adversas en un clima que perjudicaba claramente a la industria, ésta parece estar retomando el pulso y es posible que en un futuro relativamente cercano recupere los niveles prepandemia. Los vehículos eléctricos ya han comenzado a ganar popularidad y ostentan ya un peso nada desdeñable en nuestros días. La necesidad de ir reemplazando los vehículos tradicionales a gasolina y diésel es ya una realidad patente.
El auge de esta nueva tecnología y la insuficiencia de la producción interna de componentes ante una demanda creciente proveniente de una industria claramente en expansión hace que los fabricantes de coches se vean abocados a recurrir a los mercados de importación y además fuertemente condicionados por la necesidad de que el origen del producto cumpla con las reglas de origen, lo cual constituye un aliciente adicional para las empresas navarras y, por extensión, para todas aquellas que operan desde cualquier punto de la UE.
