La Administración Estadounidense anuncia 623 millones de dólares en subvenciones para continuar construyendo la red de carga de vehículos eléctricos.
25/03/2024 | EE.UU.
Estados Unidos es el segundo productor mundial de gases de efecto invernadero, el primero en términos de emisiones per capita y es muy reciente el auge del fracking en Estados Unidos (reducido en los últimos años por el bajo precio del petróleo) y las decisiones de Trump (negacionista del cambio climático) en materia energética. Pese a esta imagen de Estados Unidos como un país contrario a la lucha contra el cambio climático, los datos muestran que en los últimos años, y pese al Gobierno de Trump, en EEUU también se estaba dando un cambio en el consumo energético.
El uso de carbón lleva decreciendo desde 2009 frente al incremento de las energías renovables. La generación de energía mediante el uso de carbón cayó un 56% entre 2011 y 2019 y ese año, por primera vez en la historia, el consumo de energía renovable (11,4% del total) superó al de carbón (11,3% del total). Esto ha hecho que las emisiones anuales de CO2 hayan disminuido un 17% entre su máximo en 2007 y 2019. EEUU ha pasado de 42,6 GW de capacidad solar y eólica instalada en 2013 a 213,2 GW en 2020, (cinco veces más) de los cuales 33,6 GW se instalaron el año pasado.
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Se estima que en 2035 la mayor parte de la electricidad en Estados Unidos será generada a partir de fuentes renovables en detrimento del gas natural. La presidencia de D. Trump se caracterizó por alejar a Estados Unidos de la lucha contra el cambio climático, negándolo y apoyando la generación eléctrica a partir de energías fósiles. No obstante, antes ya de la toma de posesión de Biden, en 2019 el Congreso siguió apoyando medidas en favor de la investigación en torno a las energías limpias, a través del incremento del presupuesto del Departamento de Energía y otras agencias gubernamentales (1).
Así mismo, en diciembre de 2020 se aprobó la Energy Act of 2020 un conjunto de medidas en el ámbito de la energía, que supuso la primera actualización de la política energética del país en los últimos 13 años y que fue aprobada con el acuerdo de senadores de ambos partidos (2). La ley aspira a avanzar en la investigación y desarrollo de tecnologías para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético, el almacenamiento de energía, reducción del carbón, avance de renovables, industria smart, modernización de la red y mejora de la eficiencia energética.
La política de Biden en materia energética
Con la llegada de Biden a la Casa Blanca se esperaba un cambio (ya anunciado) en la política energética del país y la marcha atrás en muchas de las decisiones e iniciativas de su antecesor. Este era uno de los ejes principales del programa y agenda de Biden, que la comenzó a poner en marcha desde el “minuto uno”.
En su agenda política, el ahora presidente Biden, proponía un Green New Deal, un ambicioso plan para revitalizar el sector energético de Estados Unidos y transformar la economía estadounidense. El objetivo del plan es que para el 2050, ésta sea una economía libre de carbono, de energía limpia al 100% y con emisiones netas cero (3).
Biden ha sido desde hace años un defensor de la lucha contra el cambio climático, y nuevas formas de producir para lograr este cambio. Para ello, propone:
Para desarrollar su plan espera hacer una inversión pública de 1,7 billones de dólares que unidos a la inversión privada, estatal y local suman una inversión prevista total de 5 billones en los próximos 10 años.
Ejemplo de la importancia que otorga la nueva administración a la política energética y la lucha contra el cambio climático son las medidas que adoptó nada más llegar a la Casa Blanca, que aunque no suponen quizá decisiones con un gran calado en el largo plazo, sí mandan una señal clara de sus intenciones, como es el hecho de que Estados Unidos volverá a los Acuerdos de París (4).
Para alcanzar unos objetivos tan ambiciosos, el plan de Biden se basa en un conjunto de medidas, algunas de las cuales ya ha comenzado a poner en marcha.
El pasado abril, la Administración Biden celebró la U.S Climate Action Week, que sirvió para reflejar la determinación del cambio del nuevo gobierno y poner de manifiesto su renovado liderazgo en la lucha por el clima.
En julio, apenas unos meses después de la llegada de Biden a la Casa Blanca, se comenzó a desarrollar iniciativas y normativa en torno a la energía limpia. Uno de estos avances es el ámbito de la inversión en infraestructuras, a través de un acuerdo entre el presidente y un grupo de senadores de ambos partidos de 579 billones de dólares (americanos) para los próximos cinco años (Bipartisan Infrastructure Package). Buena parte de dicha inversión se destinará al transporte, incluyendo el desarrollo de infraestructuras para el coche eléctrico y de autobuses eléctricos. El paquete incluye también una inversión de 73 billones de dólares para infraestructuras energéticas, incluyendo la red de distribución y la electrificación (5).
Además de este programa, un grupo de senadores demócratas está trabajando en una propuesta presupuestaria que permitiría un gasto de 3,5 trillones de dólares en la próxima década, y que incluirá programas relativos a la energía y el clima. Este paquete sería el principal vehículo de impulso de las políticas energéticas este año, que deberá ser aprobado por el Senado.
De cara al comienzo del nuevo año fiscal, el pasado año la Casa Blanca presentó la propuesta de presupuesto del presidente. Esta refleja sus prioridades y es un indicador de lo que la Casa Blanca espera conseguir en los próximos años. En este nuevo periodo, la Casa Blanca espera dedicar 36.000 millones de dólares en programas contra el cambio climático (14.000 más que el año anterior). La propuesta aspira a destinar, en los próximos 10 años, 157.000 millones de dólares al coche y autobús eléctrico así como 97.000 millones en infraestructuras energéticas.
Por otra parte, el Departamento del Tesoro, en su “libro verde” (documento que recoge la propuesta de ingresos fiscales para el año fiscal 2022) propone la extensión y creación de un número de incentivos fiscales a las energías limpias, centrados en la movilidad eléctrica y la producción de energía verde (5).
A las puertas del nuevo año fiscal en EEUU, que comenzará el próximo 1 de octubre, el pasado julio se aprobó un presupuesto de 45.000 millones de dólares para el Departamento de Energía, lo cual supone un incremento del de 3.200 millones de dólares con respecto al año anterior. El apoyo del Congreso a la investigación e inversión en energías limpias se refleja en este incremento, y el de la mayoría de Agencias y programas en ese ámbito.
Además, Biden quiere desarrollar su política de descarbonización no sólo a nivel interno sino también a nivel internacional, posicionando a EEUU a la cabeza de los países que defienden los objetivos de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. Esto se refleja en la puesta en marcha del “International Climate Finance Plan”. Se trata de una iniciativa histórica en los Estados Unidos para ayudar y apoyar a países en vías de desarrollo en la lucha contra el cambio climático. El objetivo es que en 2024 los recursos financieros dedicados por EEUU al apoyo del cambio climático en otros países doble la media de los recursos dedicados en el periodo 2013-2016. Como parte de esta estrategia, los Estados Unidos dejarán de apoyar inversiones en proyectos intensivos en carbón y energías fósiles (6).
Riesgos y fortalezas de su implementación
Los objetivos del presidente son ambiciosos y supondrían (en caso de materializarse) un avance muy notable en la lucha contra el cambio climático. Pero las buenas intenciones del nuevo gabinete no son suficientes para introducir un cambio de tal envergadura en la economía de Estados Unidos y será necesario superar obstáculos y resistencias para hacer realidad su programa electoral.
En primer lugar, será necesario conseguir el apoyo necesario en las cámaras del congreso, donde no tiene una mayoría clara, por lo que necesitará el apoyo de miembros del partido republicano. Pero no sólo eso, incluso algunos demócratas tienen dudas sobre el realismo de un mix energético que no cuente con el carbón. Se podría avanzar mediante la firma de órdenes ejecutivas pero no es la solución de largo plazo necesaria para alcanzar los objetivos previstos.
En segundo lugar, las competencias en materia energética en EEUU están divididas a nivel federal y estatal y la oposición de algunos estados puede suponer un hándicap en el desarrollo de una política energética de ámbito nacional. La economía y muchos puestos de trabajo en los estados más dependientes de los sectores ligados a las energías fósiles serán los más afectados con las medidas propuestas y la transición hacia un nuevo modelo energético. Conseguir que los empleos perdidos en estos sectores sean compensados por la generación de “nuevos empleos verdes” no es un reto sencillo (7).
Pero al mismo tiempo, las competencias estatales pueden jugar a favor de introducir cambios a nivel nacional. En algunos casos, las propias normativas estatales pueden impulsar la transformación, como en el caso de Texas, uno de los estados afectados por la descarbonización pero al mismo tiempo donde se espera un gran desarrollo de la energía fotovoltaica. El interés por la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero también es un objetivo para un número de estados. Durante el mandato de Trump, once estados formaron la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI) y consiguieron reducir las emisiones un 10% (8).
Frente a la posible oposición política, hay elementos del mercado que pueden jugar a favor del impulso de las políticas de Biden. Muchas empresas como General Motors han hecho suyo el objetivo de la electrificación, y se ha propuesto ser una empresa de emisiones cero y vender sólo vehículos eléctricos para el año 2035 (9). Esta tendencia no es nueva y está creciendo en los últimos años. La inversión se está dirigiendo hacia la sostenibilidad como nunca antes lo había hecho. En 2019, se invirtieron 16.300 millones en tecnologías limpias (climate-tech) en todo el mundo. Esta cifra fue de 418 millones en el 2013, lo cual supone una tasa de crecimiento tres veces superior a la inversión en capital riesgo en tecnologías de inteligencia artificial en el mismo periodo (10).
Pero para ello, se necesitan también elementos sobre los que la Administración puede apoyar como son la I+D y el impulso de infraestructuras. Para llevar a cabo este cambio, las empresas reclaman un marco legislativo estable, que no cambie cada 4-8 años según la presidencia y que no se base en decisiones ejecutivas sino leyes aprobadas, que aseguren un marco duradero y una hoja de ruta de largo plazo clara que ofrezca un entorno de certidumbre a la inversión.
Otro elemento positivo es el cambio social que está teniendo lugar también en EEUU según el cual 2/3 de la población opina que EEUU hace demasiado poco en la lucha contra el cambio climático, lo cual puede suponer una fuerza de presión importante para el Congreso.
Aunque Biden ha establecido de manera clara cuáles son sus objetivos, estos son muy ambiciosos. Para cumplirlos, no bastará con electrificar el transporte. El 36% del consumo energético en Estados Unidos lo realiza la industria (11), dependiente en buena medida de la electricidad generada a partir del petróleo y el gas natural, y en especial sectores como la industria pesada (acero, cementeras..) para las que a día de hoy, no hay tecnologías disponibles. Este es un reto al que se enfrenta no sólo Estados Unidos sino todos los países desarrollados y por ello mismo es muy importante el nuevo posicionamiento de la primera economía mundial.
Referencias:
