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La construcción sostenible en Francia como parte de la estrategia para la descarbonización

17/06/2021 | Francia
La construcción sostenible en Francia como parte de la estrategia para la descarbonización

La problemática medioambiental, el calentamiento global y la necesidad de descarbonizar la atmósfera son pilares sobre los que se asienta el Plan de Reconstrucción post covid France Relance. Francia ya desde 2006 está promoviendo leyes que favorezcan la lucha contra el cambio climático y cuenta con el Ministerio de la Transición Ecológica, a través del cual se están articulando toda una serie de leyes y decretos destinados a favorecer el cumplimiento de los objetivos del Green Deal europeo.

La sociedad francesa se encuentra tremendamente concienciada con la necesidad de cuidar el medio ambiente y apoya las diferentes iniciativas que desde el Gobierno se plantean. No sólo las apoya, sino que algunas de ellas vienen impulsadas por la propia sociedad civil y un ejemplo claro lo constituye la Convención Ciudadana por el Clima que tuvo lugar el pasado año y donde se alcanzaron consensos con el fin de promover la reducción de al menos el 40% de los gases contaminantes en 2030.

Uno de los puntos en los que en dicha Convención se incidía era la construcción, ya que el sector de la construcción comercial y residencial representa el 39% del dióxido de carbono (CO2) emitido a la atmósfera la vez que genera el 30% de los residuos sólidos y el 20% de la contaminación de las aguas. Se pedía la renovación energética de los edificios (la renovación energética supone más del 15% de la cifra de negocios del sector de la construcción en Francia), la reducción del consumo de energía (tanto en la construcción como durante la vida del edificio y la posibilidad de reutilizar sus elementos), así como la lucha contra la artificialización del suelo.

Nueva normativa medioambiental

El Gobierno ha hecho suyos gran parte de sus planteamientos y en estos momentos se está tramitando el proyecto de ley ?Clima y Resiliencia? que da forma concreta a parte de las 146 propuestas de la Convención Ciudadana para el Clima. Uno de sus objetivos como es el de reducir a la mitad la tasa de artificialización de la tierra durante los próximos diez años en comparación con la década anterior, está consagrado en la ley.

Además, se va a implementar la conocida como RE2020, la nueva normativa medioambiental francesa (cuya entrada en vigor se ha retrasado hasta comienzos de 2022). El RE2020 permite continuar mejorando el rendimiento energético y el confort de los edificios al tiempo que reduce su impacto de carbono, al exigir a los actores del sector que construyan edificios que produzcan más energía de la que consumen utilizando materiales sostenibles y reciclables. La nueva legislación tiene como objetivo inmediato lograr la reducción del consumo energético de los edificios en un 30% y como objetivo a largo plazo reducir en un 30% las emisiones de CO2 de los edificios (fruto de su construcción y del transcurrir de su vida útil) en el plazo de 10 años.

Con la implementación de esta nueva reglamentación, las empresas constructoras tendrán que analizar no solo la eficiencia energética del edificio, sino también la huella de carbono originado en la producción de los materiales utilizados. La creciente conciencia ecológica también está influyendo por ello en el mercado de materiales de construcción, que se adapta a él ofreciendo eco-materiales o materiales de base biológica y se vuelve al reciclaje de materiales para darles una nueva vida.

Unido a lo anterior, ha entrado en vigor la ?Ley de economía circular?, promulgada el 10 de febrero de 2020. La ley anti-residuos para una economía circular pretende acelerar el cambio de modelo de producción y consumo con el fin de limitar los residuos y preservar los recursos naturales, la biodiversidad y el clima. Los compradores del Estado, las autoridades locales y sus colectivos deben ahora adquirir bienes resultantes de la reutilización, o que comprendan materiales reciclados, en proporciones establecidas entre el 20 y el 100% según el tipo de producto.

Esta obligación, derivada del artículo 58 de la ley anti-residuos para una economía circular, se enmarca en el objetivo general de hacer de la contratación pública una palanca de la economía circular, de contribuir a la prevención de la generación de residuos y a la preservación del medio ambiente. La ley crea la imposición de quien contamina paga. Objetivo: que los productores, importadores y distribuidores de estos nuevos productos financien su final de vida. En lo referente a la construcción, los productos o materiales de construcción de edificios se verán sometidos a esta normativa a partir del 1 de enero de 2022. Se creará así un sistema de gestión de quien contamina paga: se aplicará a los productos o materiales de construcción del sector de la edificación, destinados a hogares o profesionales.

La construcción sostenible pues se está convirtiendo en una prioridad para los mercados tanto públicos como privados y va a provocar (ya lo está haciendo de hecho), una revolución en cuanto a los sistemas de construcción, rendimiento energético, confort y materiales empleados.

Más información

Colaboración: ASR International, consultora de Gobierno de Navarra para el mercado francés

 

 

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